La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha denunciado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no considera la escala en la isla como parte de la Obligación de Servicio Público de la conexión marítima entre Canarias y la Península.
Según la respuesta remitida por la Dirección General de la Marina Mercante, esta obligación únicamente contempla las conexiones con las islas capitalinas.
El Ministerio explica que la parada en Fuerteventura se realizaba como una mejora ofrecida por la empresa adjudicataria y no como una condición obligatoria del contrato. Por este motivo, la compañía ha podido eliminar la escala majorera.
Lola García considera que el Estado no puede permanecer «impasible» ante una decisión empresarial que modifica un servicio esencial para la isla. La presidenta insular recuerda que esta conexión influye directamente en la movilidad, la economía y la vida cotidiana de más de 127.000 residentes.
La recuperación del enlace directo ha sido reclamada en diferentes ocasiones por el Cabildo, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Parlamento de Canarias.
Según los primeros cálculos expuestos por el Cabildo, la necesidad de transportar las mercancías mediante conexiones con Gran Canaria podría incrementar los costes en más de un 70 %. La institución advierte de que este sobrecoste repercutiría en el precio de los productos, reduciría la competitividad empresarial y terminaría afectando a las familias majoreras.
«Fuerteventura no pide un privilegio. Exige el mismo trato que cualquier territorio cuando está en juego un servicio esencial para su población», manifestó García.
El Cabildo ha comunicado al Ministerio que impulsará iniciativas administrativas, institucionales, políticas y parlamentarias para conseguir que la escala de Fuerteventura sea incorporada a la Obligación de Servicio Público.
